El encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, fue calificado como “persecución política”. Desde la Conferencia Episcopal Boliviana, obispos exteriorizaron su preocupación abogando por una justicia independiente. Mientras que representantes de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, rechazaron categóricamente las acusaciones sobre intereses colaterales y pidieron respeto al debido proceso.
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