En Bolivia la asignación de la publicidad estatal, dinero público que se otorga a los medios de comunicación, es cuestionada ante la ausencia de una normativa. Los criterios para la distribución de estos recursos responden a intereses políticos como ocurrió en la gestión de Evo Morales.
En un escenario complicado por la pandemia, la actual administración de gobierno de Luis Arce decidió duplicar el presupuesto asignado a la cartera de Comunicación con más de Bs 50 millones.
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